Tanto el Gobierno como el Ejército de Liberación Nacional han dado a conocer el noveno acuerdo de Cuba, firmado este 9 de junio por ambas delegaciones negociadoras, que establece los términos en que la sociedad civil participará de los diálogos.
El país celebró el pasado viernes 9 de junio la firma de un acuerdo de cese al fuego bilateral por 180 días entre el Gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, en el marco de un proceso de diálogos que empezó oficialmente en noviembre del año pasado en Caracas, Venezuela.
En la ceremonia, como ya lo habíamos contado en Colombia+20, estuvo el presidente de la república Gustavo Petro, acompañado del canciller Álvaro Leyva y del presidente cubano Miguel Díaz Canel. Por el ELN hicieron presencia su máximo comandante, Antonio García, el jefe de la delegación negociadora Pablo Beltrán, y Nicolás Rodríguez Bautista “Gabino”, fundador y referente histórico de esa guerrilla, que acompaña los diálogos desde comienzos de mayo, cuando se instaló el tercer ciclo de conversaciones en La Habana.
No obstante, aunque todos los focos de la atención pública se centraron en el acuerdo del cese al fuego y los mecanismos que este contempla, pasó desapercibido que también se había acordado y firmado un acuerdo con fechas y mecanismos para que la sociedad civil participe de la mesa de negociaciones y eleve sus propuestas para superar el conflicto armado. Los documentos de dicho acuerdo se conocieron este fin de semana.
En el texto se dice de forma explícita que es este será un acuerdo para “construir una agenda de transformaciones para la paz, impulsada a partir de una alianza social y política que conlleve a un gran Acuerdo Nacional para la superación del conflicto político, social, económico y armado”. En otro aparte del documento se asegura que este proceso está “destinado a fortalecer y desarrollar la democracia en todas sus formas”. El 23 de julio de este año empezará a funcionar el mecanismo definido por las partes para la participación, llamado Comité Nacional de Participación, y se espera que a mayo de 2025 estén todos los insumos de este proceso.
El acuerdo asegura que la participación es el primer punto de la agenda pues ambas partes la consideran “fundamental para construir las transformaciones y las bases de un acuerdo de paz” y por eso mismos aseguran que esta debe ser activa, incluyente, deliberativa, vinculante y eficaz. En el centro, asegura el documento “debe estar la voz de las comunidades, pueblos y territorios urbanos y rurales”.
Además de contemplar un enfoque de género, que involucra a la población diversa, también se tendrá en cuenta un enfoque étnico que “reconozca la diversidad étnica y cultural”. Establece también que la participación se desarrollará en varias fases hasta el mes de mayo de 2025, cuando se firmarán “los acuerdos correspondientes”.
La primera fase será de diseño de los mecanismos de participación. La segunda busca “adelantar un diálogo entre los diversos actores sociales convocados e identificar y examinar los principales problemas que son causa del conflicto político, social, ambiental y armado para formular soluciones integrales”. La fase final busca pactar políticas y un plan integral de transformaciones con “proyectos específicos” que hagan “viable una Colombia en paz”.
