Se completan dos días desde que el excongresista Arturo Char ingresó a la cárcel La Picota , en Bogotá, luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su captura tras conocer material que lo involucraría, presuntamente, en una sociedad criminal para la compra de votos en Atlántico.
Un documento conocido por El Espectador daría cuenta de cómo se habría conformado en 2018 una sociedad delictiva en la que habría participado en ese entonces el exsenador Arturo Char, acompañado de Julio Gerlein, la ex congresista Aída Merlano, Lilibeth Llinás y Alejandro Char, quien entonces era alcalde de Barranquilla.
Ese acuerdo, supuestamente, se firmó en la conocida casa blanca, residencia de Merlano en Barranquilla que, incluso, la Fiscalía logró probar que fue la sede de la empresa de compra de votos a favor de las candidatas avaladas por los Char y los Gerlein.
En las pruebas que tiene actualmente la Corte Suprema de Justicia se mencionan varios contratos públicos, algunos de los cuales salpicarían a un contratista de Barranquilla, Faisal Cure, que habría estado vinculado a Alejandro Char, lo que ha suscitado sospecha sobre una financiación para la compra de votos.
Aunque los Char han negado cualquier ilegalidad en esta contratación, la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia solicitó información sobre contratos específicos.
Uno de ellos es la canalización del arroyo de las calles 75 y 76 en Barranquilla por $105.000 millones, la ampliación de la vía al río Magdalena por $54.000 millones, con una adición de $74.000. La construcción de la ruta 90 por $90.000 millones con una adición de $20.000 millones y la construcción de la avenida Boyacá por $94.000 millones, contratos que superan los $437.000 millones.
Aunque la Corte Suprema ha indicado que el senador Arturo Char habría intentado retrasar su proceso penal con aplazamientos y su salida del país, el ex congresista ha respondido que es respetuoso de la justicia colombiana y que regresó al país para demostrar su inocencia.
